Jueza federal exige al gobierno de Trump rendir cuentas por no repatriar a Kilmar Ábrego tras fallo judicial
El joven fue deportado ilegalmente a El Salvador pese a tener una orden judicial que lo protegía. La jueza amenaza con acciones si el Ejecutivo sigue desobedeciendo. Washington, D.C.– Una jueza federa...
El joven fue deportado ilegalmente a El Salvador pese a tener una orden judicial que lo protegía. La jueza amenaza con acciones si el Ejecutivo sigue desobedeciendo.
Washington, D.C.– Una jueza federal en Maryland volvió a presionar al gobierno del expresidente Donald Trump para que rinda cuentas sobre las acciones –o la falta de ellas– que ha tomado para repatriar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado pese a contar con una orden judicial de protección emitida en 2019.
La jueza Paula Xinis había otorgado una pausa de siete días para que el gobierno informara sobre las gestiones realizadas para cumplir con el fallo. Al vencerse el plazo sin avances, la magistrada citó a funcionarios federales para que testifiquen bajo juramento en mayo, exigiendo explicaciones claras y concretas.
Ábrego, de 29 años, fue deportado en marzo a El Salvador, donde permanece preso en una cárcel de alta seguridad. El joven residía en Maryland desde los 16 años, tenía tres hijos, trabajaba en construcción y contaba con protección judicial ante un posible riesgo de muerte si era devuelto a su país de origen.
A pesar de una sentencia de la Corte Suprema emitida el pasado 10 de abril que ordenaba facilitar su regreso, el gobierno no ha ejecutado ninguna medida efectiva. Durante una audiencia reciente, la jueza reprendió públicamente a uno de los abogados del gobierno por no poder explicar qué se había hecho desde el fallo.
“Este tribunal no tolerará la desobediencia a órdenes judiciales, especialmente cuando la vida de una persona está en juego”, advirtió Xinis.
El caso ha escalado a un conflicto entre el poder judicial y las políticas migratorias de la administración Trump, que vinculó a Ábrego con la pandilla MS-13 con base en tatuajes, vestimenta y el testimonio de un informante anónimo. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente ni ha vivido en Nueva York, donde presuntamente estaría conectado con una célula de la organización.
Los abogados del joven han denunciado que la deportación fue una “represalia política” y acusan al gobierno de violar deliberadamente una orden judicial federal.
En declaraciones a ABC News, Trump dijo que "podría llamar al presidente de El Salvador" para tratar el caso, aunque reafirmó su convicción de que Ábrego es miembro de la MS-13, sin presentar pruebas nuevas.
La Corte de Apelaciones respaldó recientemente la autoridad de Xinis y rechazó bloquear sus exigencias, insistiendo en que “los fallos judiciales deben cumplirse, incluso por el Ejecutivo”.
Este caso se ha convertido en símbolo de la confrontación entre la Casa Blanca y el sistema judicial, evidenciando cómo las políticas migratorias extremas pueden entrar en choque con las garantías constitucionales y el debido proceso.
