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Ministerio Público: Magalys Medina sigue sin responder a acusaciones de corrupción

Santo Domingo. – El Ministerio Público afirmó este lunes que la defensa de Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, continúa sin ofrecer respuestas concretas a las imputaciones ...

Redacción • May 13, 2025 7:42 pm
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Santo Domingo. – El Ministerio Público afirmó este lunes que la defensa de Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, continúa sin ofrecer respuestas concretas a las imputaciones en su contra en el proceso judicial por presunta corrupción, dentro del supuesto entramado que habría desfalcado al Estado dominicano por más de 5,000 millones de pesos.

En un comunicado, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) subrayó que la defensa no ha contestado a la auditoría de la Cámara de Cuentas presentada como prueba, la cual detalla irregularidades en su gestión como funcionaria del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

Según dicha auditoría, Medina ocupaba simultáneamente los cargos de vicepresidenta del Consejo Directivo y directora administrativa de Fonper sin contar con un decreto presidencial que la designara oficialmente, lo que violaría normativas administrativas y éticas.

Además, se indicó que devengaba un salario mensual de 326,400 pesos, y otros 79,200 pesos adicionales por su rol como vicepresidenta, entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de agosto de 2020.

“La acusación no es ficticia como plantea la defensa; es específica y sustentada. La señora Medina Sánchez ocupaba dos posiciones en Fonper y recibía salarios por ambas, sin una designación legal del Poder Ejecutivo”, señala el comunicado del Ministerio Público.

Magalys Medina y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez enfrentan cargos por supuestamente liderar un entramado societario para beneficiarse de contrataciones estatales, valiéndose de tráfico de influencias, simulación de contratos, uso de prestanombres, y otras maniobras fraudulentas.

Ambos están imputados por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, desfalco, uso de documentos falsos y financiamiento ilícito de campañas políticas.

El expediente involucra a varias decenas de personas, incluyendo exfuncionarios, empresarios y testaferros, todos acusados de haber participado en uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en la historia reciente del país.