Protestan en Sabana Perdida exigiendo justicia por muerte de tres jóvenes durante presunto abuso policial
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Santo Domingo Norte. — Residentes del sector La Javilla, en Sabana Perdida, se manifestaron la tarde de este viernes para exigir justicia por la muerte de tres jóvenes ocurrida durante un controvertido operativo policial. Los fallecidos fueron identificados como Steven de Jesús Zapata, alias Morenito, de 27 años; Joel Antonio Brito Báez, alias El Dady, de 23, y un presunto menor de edad identificado como Jarlin de los Santos.
Según denunciaron moradores del lugar, los agentes de la Policía Nacional habrían acribillado a los jóvenes sin mediar palabra, durante la persecución de Jarlin de los Santos, quien también fue abatido. La versión ofrecida por la comunidad contradice las informaciones preliminares que apuntaban a un supuesto intercambio de disparos.
“Simularon un enfrentamiento”, acusan vecinos
Los residentes sostienen que los oficiales, tras disparar contra los jóvenes, colocaron armas de fuego junto a los cuerpos con el propósito de simular un enfrentamiento armado.
Como parte de las denuncias, aseguran que los policías incautaron los videos de las cámaras de seguridad de los comercios cercanos, así como los teléfonos celulares de personas que lograron grabar momentos posteriores al hecho. Alegan que se trató de un intento por borrar evidencias que comprometerían a los agentes actuantes.
“Eso fue una ejecución. Ellos (los policías) no estaban persiguiendo delincuentes, estaban matando muchachos del barrio”, expresó una vecina que prefirió no identificarse por temor a represalias.
Clamor por justicia y transparencia
Durante la protesta, los familiares y allegados de los fallecidos marcharon con pancartas y exigieron la intervención del Ministerio Público y de organismos de derechos humanos para investigar lo ocurrido con total independencia. Afirman que los tres jóvenes eran conocidos en el sector y que no tenían antecedentes delictivos graves, como ha insinuado la narrativa policial.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido una versión oficial detallada de los hechos ni ha respondido a las denuncias sobre la supuesta manipulación de pruebas.
Organizaciones comunitarias y activistas sociales han exigido que se determine la responsabilidad individual de los agentes implicados, en caso de confirmarse el uso excesivo de la fuerza o irregularidades en el procedimiento.
