Gobierno de Trump demanda a jueces por frenar deportaciones de migrantes
El gobierno del presidente Donald Trump ha presentado una demanda contra jueces federales en Maryland por una orden que bloquea la expulsión inmediata de cualquier inmigrante detenido que solicite una...
El gobierno del presidente Donald Trump ha presentado una demanda contra jueces federales en Maryland por una orden que bloquea la expulsión inmediata de cualquier inmigrante detenido que solicite una audiencia en la corte.
La inusual demanda presentada el martes en Baltimore contra el juez presidente de la Corte de Distrito y los otros jueces del tribunal pone de relieve el enfoque de la administración en la aplicación de las leyes de inmigración y recrudece sus diferencias con el poder judicial.
El tema en cuestión es una orden firmada por el presidente de la corte George L. Russell III y presentada en mayo que impide al gobierno federal expulsar de inmediato de Estados Unidos a cualquier inmigrante que presente documentos ante el tribunal de distrito de Maryland para solicitar una revisión de su detención. La orden bloquea la expulsión hasta las 4 de la tarde del segundo día hábil después de que se presente la petición de hábeas corpus.
En su demanda, el gobierno de Trump afirma que tal pausa automática en las expulsiones viola un fallo de la Corte Suprema y obstaculiza la autoridad del presidente para hacer cumplir las leyes de inmigración.
"La orden judicial automática de los demandados se emite independientemente de si el extranjero necesita o busca un alivio de emergencia, de si el tribunal tiene jurisdicción sobre las reclamaciones del extranjero, y sin importar cuán frívolas puedan ser las reclamaciones del extranjero", dice la demanda. "Y lo hace en el contexto de inmigración, invadiendo así los poderes fundamentales del poder ejecutivo".
La demanda nombra a Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional como demandantes.
El tribunal de distrito de Maryland no tiene comentarios, dijo el subsecretario de la corte David Ciambruschini en un correo electrónico.
El gobierno de Trump ha chocado en varias ocasiones con jueces federales sobre sus planes de deportación.
Una juez de Maryland nombrada como demandada, Paula Xinis, ha calificado de ilegal la deportación de Kilmar Ábrego García a El Salvador por parte del gobierno. Los abogados de Ábrego García han pedido a Xinis que imponga multas al gobierno por desacato, argumentando que desatendió órdenes judiciales durante semanas para devolverlo a Estados Unidos desde El Salvador.
Y el mismo día en que el tribunal de Maryland emitió su orden para pausar las expulsiones, un juez federal en Boston dijo que la Casa Blanca había violado una orden judicial sobre deportaciones a terceros países con un vuelo vinculado a Sudán del Sur.
Un abogado despedido del Departamento de Justicia dijo en una denuncia hecha pública el martes que un funcionario de alto rango de la agencia había sugerido que el gobierno de Trump podría tener que ignorar órdenes judiciales mientras se preparaba para deportar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas.
La secretaria de Justicia Pam Bondi dijo que las órdenes judiciales “diseñadas para detener" la agenda del presidente han socavado su autoridad desde las primeras horas de su gobierno.
"El pueblo estadounidense eligió al presidente Trump para llevar a cabo su agenda política: este patrón de extralimitación judicial socava el proceso democrático y no se puede permitir que continúe", dijo Bondi en un comunicado en el que anunció la demanda contra el tribunal de distrito de Maryland.
La orden firmada por Russell dice que tiene como objetivo mantener las condiciones existentes y la posible jurisdicción del tribunal, garantizar que los peticionarios inmigrantes puedan participar en los procedimientos judiciales y acceder a abogados, y dar al gobierno "una oportunidad completa para presentar argumentos en su defensa".
AFLUENCIA DE PETICIONES
En una orden enmendada, Russell dijo que el tribunal había recibido una afluencia de peticiones de hábeas corpus después de horas que "resultaron en audiencias apresuradas y frustrantes en las que obtener información clara y concreta sobre la ubicación y el estado de los peticionarios es elusivo".
El gobierno federal ha pedido a los jueces de Maryland que se recusen del caso. Quiere que un secretario haga que un juez federal de otro estado lo escuche.
James Sample, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Hofstra, describió la demanda como parte de la erosión de las normas legales por parte del gobierno de Trump.
Por un lado, dijo, el Departamento de Justicia tiene razón en que las órdenes judiciales deben considerarse un alivio extraordinario; es inusual que se concedan automáticamente en toda una clase de casos. Pero señaló que fueron las propias acciones del gobierno —al mover repetidamente a los detenidos para evitar que obtengan órdenes de hábeas corpus— lo que llevó al tribunal a emitir la orden.
"Los jueces aquí no pidieron estar en esta posición poco envidiable", dijo Sample. “Frente a opciones imperfectas, han tomado una decisión completamente razonable y cautelosa para controlar modestamente a un poder ejecutivo que está decidido a eludir cualquier apariencia de proceso imparcial”.
