EE. UU. impondrá nueva “tarifa de integridad de visa” de al menos 250 dólares a visitantes internacionales
Washington, D.C. — El gobierno de Estados Unidos impondrá una nueva tarifa obligatoria de al menos 250 dólares para los solicitantes de visas de no inmigrante, como parte de una medida incluida en un ...
Washington, D.C. — El gobierno de Estados Unidos impondrá una nueva tarifa obligatoria de al menos 250 dólares para los solicitantes de visas de no inmigrante, como parte de una medida incluida en un proyecto de ley de política interna promulgado recientemente por la administración del presidente Donald Trump.
La llamada “tarifa de integridad de visa” se sumará a los costos habituales de solicitud de visa y afectará a millones de viajeros internacionales, incluidos estudiantes, turistas y personas que ingresan por motivos laborales o de intercambio cultural.
¿A quién afecta?
La medida impactará a los solicitantes de visas de no inmigrante, como las categorías:
- B1/B2 (negocios y turismo),
- F y J (estudiantes y visitantes de intercambio),
- H, L, O y otras visas laborales.
¿Cómo funcionará el pago?
- El monto inicial será de 250 dólares, pero podría variar según el tipo de visa.
- La tarifa deberá pagarse antes de completar el proceso consular, probablemente a través de una plataforma habilitada por el Departamento de Estado.
- Se aplicará incluso si la visa es rechazada, aunque algunos casos podrían optar a reembolsos parciales.
¿Cuál es el objetivo de la medida?
El gobierno ha justificado la tarifa como una forma de cubrir costos de verificación y seguridad, y garantizar que los solicitantes cumplan con los requisitos legales para ingresar al país.
¿Qué impacto tendrá?
Expertos advierten que esta tarifa podría:
- Desincentivar los viajes a EE. UU., especialmente desde países en desarrollo.
- Afectar el número de estudiantes internacionales, una fuente clave de ingresos para universidades estadounidenses.
- Alargar o encarecer el proceso para solicitantes de visados temporales.
Aunque la medida aún está en fase de implementación, se espera que entre en vigor a finales de 2025. Varias organizaciones de migración y derechos civiles ya han manifestado su oposición y podrían presentar recursos legales.
