El Supremo rechaza recurso del fiscal general y lo envía a juicio por filtración de documentos
Madrid, 29 de julio de 2025 — El Tribunal Supremo de España rechazó este martes un recurso presentado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien buscaba evitar sentarse en el banquil...
Madrid, 29 de julio de 2025 — El Tribunal Supremo de España rechazó este martes un recurso presentado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien buscaba evitar sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos. La decisión allana el camino para que García Ortiz enfrente un juicio por haber filtrado supuestamente información judicial relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, figura clave de la oposición conservadora.
El caso se remonta al año pasado, cuando varios medios de comunicación publicaron un presunto borrador de acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de González Amador —un empresario investigado por un supuesto fraude fiscal— en el que se detallaban aspectos confidenciales del proceso.
La filtración provocó una tormenta política, al tratarse de documentos vinculados a una figura cercana a Ayuso, una de las líderes más críticas del gobierno de Pedro Sánchez. La oposición acusó al Ejecutivo de utilizar a la Fiscalía con fines partidistas, una narrativa que ha cobrado fuerza tras la decisión del alto tribunal.
El Supremo considera que existen indicios suficientes para juzgar al fiscal general por una posible vulneración del deber de confidencialidad en un procedimiento judicial en curso. García Ortiz ha defendido en todo momento que actuó dentro de la legalidad y en cumplimiento de su función institucional.
El fallo representa un nuevo revés para el gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha tenido que lidiar con varios frentes judiciales y políticos en los últimos meses, incluyendo críticas por la ley de amnistía y las tensiones con el poder judicial.
El juicio a García Ortiz podría convertirse en un caso emblemático sobre los límites de la actuación del Ministerio Público y su independencia frente al poder político.
