Nuevo Código Penal sancionará con cárcel a policías que impidan grabaciones durante detenciones
Santo Domingo.– El proyecto de reforma al Código Penal dominicano, actualmente en su fase final en la Cámara de Diputados, contempla sanciones más estrictas para los miembros de la Policía Nacional y ...
Santo Domingo.– El proyecto de reforma al Código Penal dominicano, actualmente en su fase final en la Cámara de Diputados, contempla sanciones más estrictas para los miembros de la Policía Nacional y otros funcionarios públicos que incurran en abusos de poder durante detenciones, allanamientos o registros.
Uno de los puntos más destacados es el artículo 286, que penaliza con entre 15 días y un año de prisión, además de una multa equivalente al doble del salario del agente infractor, a todo policía o funcionario que impida a un ciudadano grabar procedimientos como arrestos o intervenciones en espacios públicos.
Nuevas garantías para ciudadanos y detenidos
El proyecto, ya aprobado en el Senado y pendiente de segunda lectura en la cámara baja, introduce también otras garantías procesales. Entre ellas:
- El artículo 285 sanciona a los agentes que nieguen a un detenido el derecho a realizar una llamada para contactar a su abogado o familiares, excepto en situaciones justificadas por fuerza mayor.
- El artículo 287 establece penas para quienes ordenen o ejecuten detenciones arbitrarias.
- El artículo 288 castiga a los funcionarios que, teniendo autoridad y conocimiento de una detención ilegal, se abstengan de actuar.
- El artículo 289 contempla hasta tres años de prisión para encargados penitenciarios que retengan ilegalmente a una persona sin orden judicial o que extiendan su prisión sin justificación legal.
Por otro lado, el artículo 293, que planteaba sanciones para las revisiones injustificadas de vehículos por parte de policías y militares, fue eliminado del texto a solicitud de la Procuraduría General de la República antes de su aprobación en primera lectura en el Senado.
La reforma del Código Penal busca fortalecer las garantías ciudadanas, mejorar los mecanismos de control sobre el accionar de las fuerzas del orden y sancionar con mayor firmeza los abusos de autoridad.
