Familias de víctimas del colapso del Jet Set presentan acusación alternativa contra los hermanos Espaillat
El abogado Yan Carlos Martínez, representante legal de varias de las familias afectadas por el colapso del Jet Set Club, informó que este lunes fue presentada una acusación colectiva alternativa contr...
El abogado Yan Carlos Martínez, representante legal de varias de las familias afectadas por el colapso del Jet Set Club, informó que este lunes fue presentada una acusación colectiva alternativa contra los hermanos Maribel y Antonio Espaillat, además de la ya depositada por el Ministerio Público. La acción judicial busca que se imponga una pena de hasta 20 años de prisión por los hechos ocurridos el pasado 8 de abril de 2025, tragedia que cobró la vida de 235 personas.
Martínez indicó a través de su cuenta en X que la acusación fue depositada ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional bajo las solicitudes núms. 2025-R1228469 y 2025-R1228416. Según explicó, esta querella colectiva se ampara en el artículo 295 del Código Procesal Penal, que faculta a las víctimas a presentar acusaciones alternativas cuando consideren que la presentada por el Ministerio Público no refleja adecuadamente la gravedad del caso o la responsabilidad imputada.
El abogado insistió en que los hechos no deben ser considerados como un “error involuntario” ni como una simple negligencia, figuras que se enmarcan dentro del homicidio involuntario previsto en los artículos 319 y 320 del Código Penal. En cambio, afirma que la conducta atribuida a los imputados encaja en la figura del dolo eventual, una modalidad de intención indirecta que implica prever la posibilidad de un resultado dañoso —en este caso, un colapso mortal— y, aun así, continuar con la acción, aceptando sus consecuencias.
“Estamos hablando del dolo eventual, que ocurre cuando alguien se imagina un resultado dañino probable, no lo quiere de forma directa, pero lo acepta y sigue adelante, dejándolo al azar con total indiferencia. Es como jugársela por la casualidad, sin hacer nada para evitarlo”, explicó Martínez, citando la doctrina del penalista Luzón Cuesta (2016).
La acusación colectiva pretende que el tribunal valore esta figura penal y establezca sanciones proporcionales al nivel de responsabilidad que, según las familias afectadas, recae sobre los administradores del establecimiento. El proceso continúa ahora en manos del Primer Juzgado de la Instrucción, que deberá decidir sobre la admisibilidad de la acusación y los pasos procesales siguientes en este caso que ha marcado a cientos de familias dominicanas.
