Procuradora descarta acuerdos en Operación Cobra y advierte que el Ministerio Público irá “por penas” contra los imputados
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reiteró este martes que el Ministerio Público no ha otorgado criterio de oportunidad ni ha firmado acuerdos de culpabilidad con ninguno d...
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reiteró este martes que el Ministerio Público no ha otorgado criterio de oportunidad ni ha firmado acuerdos de culpabilidad con ninguno de los 10 imputados por corrupción administrativa en el caso Operación Cobra, que investiga una presunta red que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
“Es importante reiterar que el Ministerio Público no tiene acuerdo de culpabilidad con ninguno de los diez procesados, ni ha otorgado criterio de oportunidad. Vamos a ir por penas”, enfatizó Reynoso al responder preguntas de la prensa, subrayando que los fiscales buscarán en los tribunales sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos.
La procuradora sostuvo que los imputados, entre ellos Santiago Hazim, deben responder por acciones que, según la acusación, impactaron a más de siete millones de afiliados del SeNaSa y a toda la sociedad dominicana. En ese sentido, rechazó los alegatos de salud presentados por la defensa de Hazim, al señalar que no existe informe forense que establezca incapacidad para enfrentar el proceso judicial.
“Quien tiene salud para distraer fondos del Estado, tiene que tener salud para enfrentar la justicia”, afirmó.
Reynoso ofreció las declaraciones tras dejar inaugurado un Centro Integral de Acceso a la Justicia del Ministerio Público, que contará con Fiscalía Comunitaria, Juzgado de Paz, Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género e Intrafamiliar, y una Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sobre el avance del caso, informó que los equipos de la Dirección General de Persecución y de la Pepca continúan trabajando “sin descanso” en lo que denominó la fase 2.0 de la Operación Cobra, aunque aclaró que no se ofrecen fechas por razones estratégicas.
“Será en un plazo razonable”, dijo.
Respecto a las medidas de coerción impuestas —que incluyen 18 meses de prisión preventiva para seis imputados y arresto domiciliario con garantías económicas y prohibición de salida del país para otros tres—, la procuradora destacó que el juez reconoció la solidez y calidad de la investigación, la cual se ha desarrollado durante meses con jornadas intensivas.
El pasado domingo, el juez Rigoberto Sena Ferreras, del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, declaró el proceso como caso complejo, avalando la profundidad de la pesquisa y dejando abierta la posibilidad de que más personas sean sometidas en el marco de esta investigación por corrupción administrativa.
