La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una ley de amnistía histórica destinada a beneficiar a presos políticos condenados por hechos ocurridos en distintos momentos de crisis política entre 2002 y 2025, en un paso que ha generado tanto esperanzas como críticas entre sectores opositores y organizaciones sociales.
La norma establece que podrán acogerse a la amnistía las personas “procesadas o condenadas” por delitos políticos cometidos durante episodios como el intento de golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de ese año y las protestas de años posteriores, entre otros eventos.
Sin embargo, el artículo 9 excluye expresamente de la aplicación de la amnistía a quienes hayan cometido delitos graves como violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y los delitos contemplados en la ley contra la corrupción.
La ley también deja fuera a quienes estén o puedan ser procesados o condenados por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela, ya sea por parte de personas o entidades extranjeras.
La medida, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y enviada inmediatamente al Palacio de Miraflores para su promulgación, ha sido descrita por el oficialismo como un paso hacia la reconciliación nacional, aunque sectores opositores y organizaciones como Foro Penal han señalado que la amplitud de las exclusiones podría dejar a muchos presos políticos fuera del beneficio.