Gobierno de Kast evalúa indultar a policías condenados por violaciones de derechos humanos en protestas de 2019
El Gobierno de José Antonio Kast confirmó que analiza la posibilidad de conceder indultos a policías y militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas...
El Gobierno de José Antonio Kast confirmó que analiza la posibilidad de conceder indultos a policías y militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas ocurridas en Santiago y otras ciudades del país en 2019.
La vocera del Ejecutivo, Mara Sedini, informó que la medida se estudia “caso por caso” y que el presidente anunciará las decisiones cuando concluya el proceso de evaluación. La declaración se produjo tras la primera reunión del gabinete desde la investidura del mandatario.
Horas antes, Kast había señalado en una entrevista televisiva que durante las manifestaciones Chile vivió “un momento de violencia extrema”, en el que algunas personas resultaron indemnizadas por daños físicos mientras otras fueron encarceladas “por cumplir con su deber”.
El origen del estallido social
Las protestas comenzaron en octubre de 2019 tras el aumento en el precio del pasaje del metro en Santiago, pero rápidamente se transformaron en un movimiento masivo contra la desigualdad social y en demanda de reformas estructurales.
Las movilizaciones, conocidas como Estallido social de Chile de 2019, incluyeron marchas multitudinarias y también episodios de violencia, saqueos y destrucción de infraestructura pública. Según cifras de la Fiscalía, los disturbios dejaron alrededor de 30 fallecidos y miles de heridos, entre ellos más de 450 personas con trauma ocular.
Organismos internacionales como Organización de las Naciones Unidas y diversas entidades de derechos humanos denunciaron en su momento el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Reacciones y críticas
La posibilidad de indultos generó críticas en sectores de la oposición. La senadora independiente Fabiola Campillai, quien perdió la vista tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena durante las protestas, pidió al presidente respetar las decisiones de los tribunales.
Por su parte, el activista Gustavo Gatica, otra de las víctimas emblemáticas de la represión policial tras quedar ciego por disparos de agentes durante una manifestación, cuestionó la iniciativa y criticó que se planteen beneficios para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el Informe Estadístico del Estallido Social elaborado por la Fiscalía, las protestas registraron más de 35,000 delitos, con más de 21,700 imputados y 20,700 víctimas. El delito más frecuente fue la violencia institucional cometida por agentes del Estado, seguido por saqueos y delitos contra la propiedad.
