Solicitan medida de coerción contra implicadas en estafa de bienes raíces del Caso Guepardo en La Romana
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de La Romana, presentó este viernes ante la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente una solicitud de medida de coerción contra las imputadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, involucradas en una red criminalContinue reading "Solicitan medida de coerción contra implicadas en estafa de bienes raíces del Caso Guepardo en La Romana"
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de La Romana, presentó este viernes ante la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente una solicitud de medida de coerción contra las imputadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, involucradas en una red criminal de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada en el Caso Guepardo.
El caso, que ha afectado a más de 120 víctimas, tanto nacionales como extranjeras, tiene como núcleo una trama de fraude relacionada con proyectos inmobiliarios falsos en la provincia de La Romana.
Según la investigación, Marisol Nova Nolasco, quien es socia de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL, se presentó como una constructora de alta calidad para engañar a las personas y estafarlas con la compra de propiedades inexistentes.
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Por su parte, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, encargada de la publicidad de los proyectos "Romana Victoriana Residences" y "La Altagracia Victoriana Residences", utilizó su vinculación con la multinacional RE/MAX para otorgarles credibilidad. Sin embargo, estos proyectos resultaron ser totalmente fraudulentos. A través de estas prácticas engañosas, las imputadas lograron captar a cientos de personas que confiaron en la falsa promesa de adquirir propiedades.
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción será celebrada este lunes 10 de febrero, mientras las autoridades continúan con las investigaciones. La Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana han reafirmado su compromiso de llevar a cabo un proceso judicial transparente y firme para sancionar a todos los responsables de este esquema de estafa que ha dejado graves consecuencias económicas a las víctimas.
Este caso ha puesto en evidencia la creciente amenaza de las estafas inmobiliarias en el país y la importancia de reforzar las medidas de control y vigilancia en el sector de bienes raíces.
