Senador Taveras exige frenar desalojos masivos en Santo Domingo
Santo Domingo. – El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, urgió este viernes al presidente Luis Abinader a declarar de utilidad pública los terrenos donde cientos de familias...
Santo Domingo. – El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, urgió este viernes al presidente Luis Abinader a declarar de utilidad pública los terrenos donde cientos de familias enfrentan amenazas de desalojo, en sectores como Los Alcarrizos, Boca Chica, Santo Domingo Este y Pantoja, entre otros.
A través de un proyecto de resolución presentado en el Senado, el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó detener las acciones del abogado del Estado que han derivado en el desalojo forzoso de comunidades con más de 40 años de asentamiento, en muchos casos sin alternativas habitacionales ni compensación adecuada.
“Solicito al presidente de la República que declare estos terrenos como de utilidad pública, y que establezca una forma justa de indemnización. Lo que está ocurriendo es inaceptable", expresó Taveras Guzmán durante su intervención en el hemiciclo.
Barrios enteros en riesgo
El senador mencionó que al menos 27 barrios de su provincia se encuentran bajo amenaza directa de desalojo, a pesar de los esfuerzos legislativos por regularizar su estatus mediante procesos de titulación formal.
Entre los sectores afectados se encuentran:
- La Caleta, Santa Lucía y Barrio Libertad, en Boca Chica.
- Brisas de Edén, Buenaventura y Los Coquitos, en Mendoza.
- El Isabelita y El Valiente, en Santo Domingo Este.
- Villa Progreso I, II y III, Nueva Jerusalén, y Loma Miranda, en Los Alcarrizos.
- Los Humerales, en Pantoja.
“Gente humilde, trabajadora, que vive con el temor de perder su hogar de un momento a otro. Como el padre Jorge, de la iglesia de Santa Lucía, que no duerme pensando que le derrumbarán el templo en la madrugada”, dijo el senador, visiblemente conmovido.
Corrupción histórica y titulación estancada
Taveras Guzmán denunció que muchos de estos terrenos fueron vendidos a particulares de forma irregular en el pasado, obstaculizando los procesos de titulación actualmente en marcha. “Se trata de entramados de corrupción que ignoraron por completo el desarrollo social ya establecido en estas comunidades”, sostuvo.
Una crisis urbanística de larga data
El senador advirtió que la provincia Santo Domingo, con casi cuatro millones de habitantes, enfrenta una grave situación urbanística, producto de décadas de crecimiento desorganizado.
Desde el inicio de su gestión, explicó, ha trabajado junto al presidente Abinader en la regularización de terrenos ocupados por familias vulnerables, como parte del compromiso de garantizar su derecho constitucional a una vivienda digna.
