Crecen los robos de tapas metálicas en calles del país: un riesgo para todos
El robo de tapas metálicas, rejillas de imbornales y registros en las vías públicas se ha convertido en un problema creciente en distintas ciudades del país. Esta práctica no solo representa un peligr...
El robo de tapas metálicas, rejillas de imbornales y registros en las vías públicas se ha convertido en un problema creciente en distintas ciudades del país. Esta práctica no solo representa un peligro para conductores y peatones, sino que también agrava la situación de los sistemas de drenaje pluvial y sanitario.
Aunque algunas instituciones han comenzado a reemplazar estas piezas por otras fabricadas con materiales menos atractivos para el mercado negro, muchas calles y aceras aún permanecen abiertas, lo que ha provocado múltiples accidentes, principalmente entre motociclistas y peatones.
Más allá de los riesgos físicos, la ausencia de estas tapas permite que residuos como plásticos, arena, madera, metales y hojas entren en los sistemas de drenaje, obstruyendo el flujo de aguas y provocando inundaciones, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.
El fenómeno se atribuye en parte a los denominados "piperos", jóvenes consumidores de drogas que roban y venden estas piezas para financiar su adicción, especialmente a sustancias como marihuana y cocaína. Sin embargo, también se ha detectado la existencia de redes organizadas que se dedican al robo sistemático de estos componentes, lo que ha llevado a algunos a hablar de verdaderas “mafias” del metal.
Una solución alternativa
Como respuesta a esta problemática, en 2022 la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) puso en marcha un plan piloto para sustituir las tapas metálicas robadas por versiones fabricadas en fibra de vidrio. Estas nuevas cubiertas, de color azul y capaces de soportar hasta 40 toneladas, buscan reducir el interés comercial por estos objetos y disminuir los riesgos para la población.
Sin embargo, el problema persiste en muchas zonas, por lo que expertos llaman a reforzar la vigilancia, sancionar a los compradores ilegales de metales y continuar promoviendo soluciones estructurales que protejan tanto a los ciudadanos como a la infraestructura urbana.
