Fuerte rechazo en Puerto Rico por entrega de datos migratorios a autoridades federales de EE.UU.
San Juan, Puerto Rico. – Una fuerte ola de críticas sacude al Gobierno de Puerto Rico tras confirmarse que facilitó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en in...
San Juan, Puerto Rico. – Una fuerte ola de críticas sacude al Gobierno de Puerto Rico tras confirmarse que facilitó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) los datos personales de 6.000 inmigrantes con licencia de conducir provisional, en una acción que distintos sectores han calificado como una “traición” a estas comunidades.
La controversia se desató luego de que el subdirector del Departamento de Seguridad Nacional, Yariel Ramos, confirmara en un programa televisivo que la administración de la gobernadora Jenniffer González compartió con ICE un listado de residentes extranjeros sin estatus migratorio regular, muchos de ellos dominicanos.
Reacción política y legal
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), tanto en la Cámara como en el Senado, presentó una resolución para investigar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), entidad responsable de divulgar la información. Según los legisladores, el DTOP habría violado la Ley 97-2013, que permite a personas sin estatus migratorio obtener licencias de conducir provisionales y establece como confidencial su información personal.
“El Gobierno actuó de manera ilegítima. Violaron la ley y traicionaron la confianza de miles de personas que actuaron de buena fe”, expresó el senador Adrián González Costa.
La senadora María de Lourdes Santiago acusó al Ejecutivo local de actuar con “sumisión” frente a políticas federales, al tiempo que lamentó que no se defendieran los derechos de las comunidades migrantes.
Por su parte, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) calificó el hecho como una “violación crasa” a los derechos humanos y a la privacidad. Su coordinadora general, Ana Irma Rivera Lassén, cuestionó la intención detrás de la entrega de datos:
“Esta colaboración ha llevado al arresto de personas sin antecedentes penales. No es una política de seguridad, sino de persecución”, denunció.
Comunidad legal también condena el hecho
La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vivian Godineaux Villaronga, advirtió que no existe obligación legal para que las agencias estatales colaboren con ICE en estas circunstancias, y calificó la entrega de datos como una afrenta a la privacidad y la dignidad humana.
“El derecho a la intimidad es un principio universal. Lo que ha ocurrido debe ser repudiado y corregido”, afirmó.
Efectos inmediatos en la comunidad migrante
Desde enero, tras el inicio de las redadas migratorias en Puerto Rico, centenares de inmigrantes –en su mayoría dominicanos– han optado por ocultarse en sus viviendas por temor a ser detenidos. Activistas en derechos humanos señalan un aumento en la angustia, desempleo forzado y fragmentación familiar como consecuencias directas de estas acciones.
Contexto de la ley y la polémica
La Ley 97-2013 fue creada como una herramienta de inclusión, permitiendo a personas sin estatus legal conducir legalmente, trabajar y contribuir a la economía puertorriqueña. El uso de esta información con fines migratorios ha sido ampliamente rechazado por organizaciones civiles y políticas, quienes advierten que esto podría tener un efecto disuasorio devastador para quienes buscan regularizar su situación por medios legales.
