Jueza Fátima Veloz, bajo la lupa: otorgó fianza a los hermanos Espaillat y también libertad condicional a Tekashi 6ix9ine
La magistrada se ha convertido en una figura clave en controversiales decisiones judiciales que involucran a figuras públicas y millonarias garantías económicas. Santo Domingo.– La jueza Fátima Veloz,...
La magistrada se ha convertido en una figura clave en controversiales decisiones judiciales que involucran a figuras públicas y millonarias garantías económicas.
Santo Domingo.– La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, vuelve a ocupar titulares por sus polémicas decisiones. Tras autorizar una fianza de RD$50 millones a favor de los hermanos Espaillat en el caso Jet Set, ahora se confirma que también fue quien concedió libertad condicional al rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, arrestado en enero de 2024 por presunta violencia doméstica en República Dominicana.
Según publicó Diario Libre, la jueza impuso al artista —cuyo nombre real es Daniel Hernández— una garantía económica de RD$30,000, presentación periódica cada dos meses, participación en charlas conductuales y la emisión de una orden de protección recíproca entre él y la presunta víctima.
Reacción del Ministerio Público
Ambas decisiones han provocado reacciones del Ministerio Público. En el caso de Tekashi, los fiscales apelaron alegando que la jueza “vulneró el derecho de la víctima” y subestimó el riesgo de fuga del artista, conocido por sus antecedentes legales en Estados Unidos. No obstante, la Corte de Apelación confirmó la medida, argumentando que los hechos no ocurrieron en territorio dominicano y que no había elementos suficientes para justificar prisión preventiva.
En el caso de los hermanos Espaillat, acusados de lavado de activos y otros delitos financieros, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, criticó abiertamente la decisión de la magistrada por considerar que no se correspondía con la gravedad de los cargos.
Controversia en aumento
Las resoluciones emitidas por la jueza Fátima Veloz han avivado el debate sobre la flexibilidad en la aplicación de medidas coercitivas, especialmente cuando se trata de figuras públicas o personas con alto poder adquisitivo. Para algunos sectores, estas decisiones reflejan una preocupante tendencia a favorecer imputados de alto perfil, mientras que otros defienden la actuación de la jueza bajo el marco de la legalidad y la presunción de inocencia.
La opinión pública y actores del sistema judicial ahora ponen la lupa sobre la gestión de Veloz, en medio de un clima de creciente exigencia por mayor transparencia y firmeza en el combate contra la impunidad.
