Finjus lanza alerta sobre proyecto de Ley de Alquileres: “Podría afectar derechos de inquilinos y propietarios”
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) encendió las alarmas este martes al emitir fuertes observaciones contra el proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, aprobado r...
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) encendió las alarmas este martes al emitir fuertes observaciones contra el proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, aprobado recientemente en primera lectura por la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que busca establecer un marco legal claro para regular las relaciones entre inquilinos y propietarios, podría —según advierte Finjus— tener “efectos adversos” si no se revisa con mayor profundidad.
“Es indispensable reformular aspectos sustantivos y procedimentales que afectan la autonomía contractual, la seguridad jurídica y la operatividad del sistema judicial”, afirmó la institución en un comunicado público.
Finjus hizo un llamado urgente al Congreso Nacional a revisar a fondo varias disposiciones del proyecto antes de su aprobación definitiva, al considerar que tal como está redactado, podría generar conflictos legales innecesarios y abrir grietas en el ya frágil equilibrio entre arrendadores e inquilinos.
¿Qué preocupa a Finjus?
Aunque la entidad no rechazó de plano la necesidad de una ley que actualice el régimen de alquileres en el país —vigente desde hace décadas—, advirtió sobre varios puntos clave que deben ser revisados:
- Ambigüedad en los procedimientos de desalojo y desahucio, lo que podría saturar aún más al sistema judicial.
- Posible afectación a la libertad de contratación, al imponer condiciones que limitan los acuerdos privados.
- Riesgo de generar inseguridad jurídica, especialmente en zonas urbanas donde el mercado de alquiler está en crecimiento constante.
Finjus reiteró su disposición a colaborar con el Congreso y con los actores involucrados para lograr una legislación que proteja tanto a propietarios como a inquilinos, sin poner en riesgo la institucionalidad ni la eficiencia del sistema judicial.
