ProCompetencia destaca avances contra la colusión en nueva Ley de Contrataciones Públicas
Santo Domingo.- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) valoró como un paso trascendental la incorporación de varias de sus recomendaciones técnicas en la recién promulgada ...
Santo Domingo.- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) valoró como un paso trascendental la incorporación de varias de sus recomendaciones técnicas en la recién promulgada Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, orientadas a fortalecer la libre competencia y prevenir prácticas anticompetitivas en los procesos de compras del Estado.
Entre los avances más relevantes, ProCompetencia resaltó la inclusión en el artículo 89 de la obligación para cada oferente de presentar una declaración jurada de oferta libre de colusión. Este documento certifica la autenticidad de la propuesta y asegura que no ha existido concertación entre competidores para manipular el resultado del proceso.
Asimismo, destacó la modificación del artículo 116, que prevé la exclusión de oferentes involucrados en prácticas prohibidas, incluyendo expresamente las licitaciones colusorias, sancionadas bajo la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. Esta medida representa un avance clave en la lucha contra los acuerdos ilegales entre proveedores que afectan la eficiencia y transparencia en el uso de fondos públicos.
Principio de libre competencia reforzado
La nueva legislación también mantiene la libre competencia como uno de sus principios rectores, tal como propuso ProCompetencia. Este principio busca promover la participación de un mayor número de oferentes, especialmente MIPYMES, y reducir obstáculos que limiten el acceso equitativo a los procesos de contratación estatal.
“Con la promulgación de esta ley se fortalece la transparencia, se refuerza la confianza ciudadana y se consolida la cultura de competencia leal en el país”, indicó ProCompetencia en un comunicado.
Coordinación interinstitucional
El organismo reiteró su compromiso de continuar colaborando estrechamente con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para asegurar la implementación efectiva de la Ley 47-25, en particular en lo relativo a la detección y sanción de prácticas colusorias, que distorsionan la eficiencia de los mercados públicos y perjudican al erario.
La Ley 47-25 marca un nuevo capítulo en la modernización del sistema de contrataciones del Estado dominicano, alineado con estándares internacionales y mejores prácticas de gobernanza económica.
