Donald Guerrero denuncia que informe de la Contraloría usado por la Pepca nunca fue notificado
https://informativosta.com.do/wp-content/uploads/voxey/post-449616.mp3 El abogado del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, Mario Aguilera, reveló este miércoles ante el tribunal que conoce el caso...
El abogado del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, Mario Aguilera, reveló este miércoles ante el tribunal que conoce el caso Calamar que el informe de investigadores antifraude de la Contraloría General, utilizado como base por la Pepca para iniciar la investigación, nunca fue notificado a la defensa.
Aguilera solicitó formalmente que se dejara constancia en acta de que ni Guerrero ni su equipo tuvieron acceso al documento, un derecho amparado por la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo. “Ese informe ha sido citado en audiencias, pero jamás nos fue notificado. Por tanto, nunca hemos podido ejercer contradicción”, subrayó.
El informe en cuestión sirvió para justificar la Operación Calamar, iniciada en 2020, relacionada con supuestas irregularidades en pagos de expropiaciones por más de 17,000 millones de pesos. Según fuentes jurídicas, la omisión podría comprometer la validez de las actuaciones del Ministerio Público y vulnerar el derecho al debido proceso.
Nuevos desistimientos debilitan el caso
La audiencia también estuvo marcada por nuevos desistimientos en favor de Guerrero. Entre los querellantes que retiraron sus acusaciones figuran la Fundación Alfredo Nóbel y representantes de la familia Mota, quienes tenían contratos con el Estado. En sesiones anteriores, alrededor de 40 herederos de la familia Reyes hicieron lo propio, solicitando además el pago del 20% pendiente a los propietarios.
Este jueves, también se presentaron querellantes sin títulos de propiedad, previamente señalados como falsos querellantes, debido a que carecían de representación legal válida o poderes firmados por personas fallecidas. Además, el Tribunal del Cuarto Juzgado de la Instrucción declaró extinguida la acción penal de más de 260 querellantes particulares, por considerarla “mal promovida”.
Estos hechos acentúan las críticas sobre la conducción del caso Calamar y la defensa de Guerrero, dejando en evidencia fallas en el proceso y cuestionamientos al debido proceso
