Couriers acuden al TSA contra resolución que califican de “arbitraria” e “inconstitucional”
Santo Domingo.– Unas 16 empresas de envío rápido (courier) presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con el objetivo de anular la Resolución 685...
Santo Domingo.– Unas 16 empresas de envío rápido (courier) presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con el objetivo de anular la Resolución 6859, emitida por la Comisión Aeroportuaria (CAE) el 15 de diciembre de 2022.
Las compañías recurrentes —entre ellas Almacenes Fiscales y Soluciones Aduanales (ALMAFISA), Aeromensajería Dockpack y American Courier System— aseguran que la disposición impone nuevas cargas económicas de forma “arbitraria” e “inconstitucional”, afectando directamente sus operaciones y la estabilidad del sector.
De acuerdo con los representantes legales de las empresas, la resolución introduce dos nuevas prestaciones económicas que, a su juicio, no cuentan con respaldo legal ni fueron consultadas con los actores del sector, lo que vulnera principios de seguridad jurídica y libre empresa establecidos en la Constitución dominicana.
Empresas denuncian impacto en el servicio y los usuarios
Los couriers sostienen que la medida incrementaría los costos operativos, afectando tanto a las compañías como a los consumidores, quienes podrían enfrentar aumentos en las tarifas de envío y retrasos en los tiempos de entrega.
Asimismo, advirtieron que la aplicación de la resolución desincentiva la competitividad en un mercado que ha sido clave para el comercio electrónico, las importaciones personales y el envío de documentos y paquetes desde el exterior.
En busca de nulidad total
El recurso presentado ante el TSA solicita la nulidad total de la Resolución 6859 y la suspensión inmediata de sus efectos mientras se conoce el fondo del proceso. Las empresas afirman que la medida contradice el marco regulatorio de aduanas y transporte aéreo, al establecer cobros que no fueron aprobados mediante ley ni por consenso con los actores involucrados.
