México unifica sanciones por abuso sexual en los 32 estados Tras episodio de acoso a Sheinbaum, el Gobierno impulsa reforma penal histórica
El Gobierno de México anunció este martes un avance clave en su agenda de protección a las mujeres: la homologación de la nueva definición y sanción del delito de abuso sexual en las 32 entidades fede...
El Gobierno de México anunció este martes un avance clave en su agenda de protección a las mujeres: la homologación de la nueva definición y sanción del delito de abuso sexual en las 32 entidades federativas, alineando los criterios locales con la reciente reforma aprobada a nivel federal. La medida surge como parte de una estrategia integral presentada tras el reciente episodio de acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum, que reactivó el debate sobre los límites de la violencia sexual y sus consecuencias legales.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, detalló que la reforma al artículo 260 del Código Penal Federal establece un marco común para definir el abuso sexual, procesar denuncias y aplicar sanciones. De acuerdo con la funcionaria, el objetivo central es eliminar las disparidades legales entre estados, que históricamente han generado vacíos, dilaciones procesales y fallos contradictorios. “No puede haber 32 interpretaciones distintas de un acto de violencia”, afirmó.
La homologación buscará que todos los estados adopten criterios claros y homogéneos que reconozcan el abuso sexual como una agresión que no depende únicamente de la presencia de fuerza física, sino también de coerción emocional, intimidación, manipulación o situaciones de vulnerabilidad. Esta perspectiva responde a demandas de colectivos feministas y organismos de derechos humanos, que desde hace años denuncian las dificultades que enfrentan las víctimas al acudir a las autoridades.
El anuncio se da en un contexto de presión social y política. El incidente contra Sheinbaum, ampliamente difundido en redes, desató una ola de críticas que cuestionan la normalización del acoso en espacios públicos y privados. Aunque el caso no escaló judicialmente, la reacción oficial lo convirtió en un punto de inflexión para acelerar una reforma que ya estaba en discusión. “La violencia sexual no distingue rango, edad o condición social. Nuestro deber es garantizar que el Estado actúe con contundencia”, afirmó Hernández.
El plan contempla capacitación obligatoria para ministerios públicos, policías y personal judicial, así como campañas de sensibilización dirigidas a escuelas, transportes y centros laborales. También se impulsará la creación de protocolos unificados de atención a víctimas, respaldados por redes de acompañamiento psicológico y asesoría legal gratuita, con el objetivo de reducir la revictimización durante la denuncia.
Expertos en derecho penal señalan que la reforma podría convertirse en un precedente regional si se implementa correctamente. Sin embargo, advierten que su efectividad dependerá del presupuesto asignado, la coordinación entre fiscalías locales y la voluntad política de los gobiernos estatales. Por ahora, el Ejecutivo federal apuesta por consolidar una política de Estado que no solo castigue, sino que prevenga uno de los delitos más persistentes y silenciados del país.
