Tribunal confirma que Alexis Medina financió campañas del PLD con dinero ilícito, pero la ley impide sancionarlo por ese delito
El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional determinó en su sentencia del Caso Antipulpo que Juan Alexis Medina Sánchez utilizó recursos de origen ilícito para financiar cam...
El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional determinó en su sentencia del Caso Antipulpo que Juan Alexis Medina Sánchez utilizó recursos de origen ilícito para financiar campañas políticas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, el mismo fallo establece que la legislación dominicana impide sancionar penalmente ese tipo de financiamiento, debido a un vacío en la Ley 33-18 de Partidos.
De acuerdo con el documento, la acusación por aportes ilegales fue admitida únicamente contra Alexis Medina y Wacal Vernabel Méndez. Las magistradas concluyeron que ambos canalizaron dinero ilícito a través de empresas del grupo societario, fondos que posteriormente ingresaron a campañas del PLD sin declararse ante la Junta Central Electoral. El tribunal calificó esta práctica como una “grave vulneración” de la transparencia electoral, la equidad y la legalidad, además de contravenir estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción política.
No obstante, en la parte jurídica del fallo, las juezas explican que la Ley 33-18 responsabiliza penalmente a quien recibe el dinero en nombre del partido, es decir, a la persona o estructura con capacidad formal para registrarlo y consumirlo electoralmente. No sanciona a quien entrega los recursos desde fuera, aun cuando provengan de actividades ilícitas o del crimen organizado.
Esta brecha normativa deja —según el tribunal— un espacio de impunidad en el financiamiento político, ya que el PLD sí se benefició de aportes ilegales, pero la responsabilidad penal no puede recaer sobre los acusados bajo el marco legal vigente.
La sentencia reaviva el debate sobre la reforma electoral y la necesidad de cerrar los llamados “huecos legales” que permiten que el dinero de origen ilícito influ
