Fiscalía pide ratificar condenas de hasta 15 años por red de tráfico de migrantes en Barahona
El Ministerio Público informó este martes que solicitará a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona ratificar la sentencia que impuso penas de entre 10 y 15 años de prisión c...

El Ministerio Público informó este martes que solicitará a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona ratificar la sentencia que impuso penas de entre 10 y 15 años de prisión contra cinco hombres hallados culpables de integrar una red de tráfico ilícito de migrantes agravado, desmantelada durante la denominada Operación Iguana.
La solicitud será presentada en el marco del conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra la decisión emitida por un tribunal de primera instancia, el cual acogió en todas sus partes la acusación del órgano persecutor y estableció la responsabilidad penal de los imputados.
Entre los condenados figura Roberto Méndez Pérez, quien se desempeñaba como coordinador de control en el puesto fronterizo de la Dirección General de Migración (DGM) en la zona, así como el inspector Johan Rosario Castillo. También fueron sentenciados Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán.
De acuerdo con el expediente, los procesados formaban parte de una estructura criminal organizada que facilitaba el ingreso irregular de migrantes al país, aprovechándose de sus posiciones y contactos para evadir los controles migratorios oficiales, a cambio de beneficios económicos.
El Ministerio Público sostuvo que durante el proceso presentó pruebas “contundentes, lícitas y suficientes” que demostraron la participación activa de los acusados en los hechos, por lo que considera que la sentencia debe ser confirmada íntegramente por la Corte de Apelación.
La Operación Iguana es parte de las acciones estratégicas de las autoridades dominicanas para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la corrupción asociada a este delito, especialmente en zonas fronterizas, donde estas redes representan una amenaza a la seguridad, al orden migratorio y a los derechos humanos de las personas vulnerables.









