100 toneladas de pirotecnia, más de 400 muertos y una herida que no cierra: la tragedia de Mesa Redonda que marcó para siempre a Lima
La noche del 29 de diciembre de 2001, el corazón comercial de Lima se convirtió en un infierno. En la zona conocida como Mesa Redonda, una explosión provocada por la manipulación de fuegos artificiale...
La noche del 29 de diciembre de 2001, el corazón comercial de Lima se convirtió en un infierno. En la zona conocida como Mesa Redonda, una explosión provocada por la manipulación de fuegos artificiales desató uno de los peores desastres urbanos de la historia del Perú: un incendio de proporciones catastróficas que dejó más de 400 personas fallecidas, cientos de heridos y una herida social que, más de dos décadas después, sigue abierta.
El siniestro comenzó alrededor de las 7:15 de la noche, cuando un vendedor informal encendió un artefacto pirotécnico tipo “chocolate”. La chispa activó una reacción en cadena entre alrededor de 100 toneladas de pirotecnia almacenadas ilegalmente en galerías y depósitos del cruce de los jirones Andahuaylas y Cusco. En cuestión de segundos, una bola de fuego se expandió por al menos cinco galerías comerciales y cuatro manzanas, atrapando a cientos de personas que realizaban compras de fin de año.
Un infierno a más de 1,200 grados
Las temperaturas alcanzaron hasta 1,200 °C en el epicentro, mientras que la onda expansiva —estimada en unos 800 °C— arrasó con personas, vehículos y estructuras. Muchos cuerpos quedaron irreconocibles. Según testimonios de rescatistas, algunas víctimas solo pudieron ser identificadas por restos de cabello o fragmentos óseos.
El entonces comandante del Cuerpo General de Bomberos, Tulio Nicolini, resumió la magnitud del horror con una frase que aún estremece: “A mucha gente solo se le pudo reconocer por el pelo”.
El operativo de emergencia movilizó a más de 2,000 policías y 250 bomberos de 14 compañías, quienes combatieron las llamas durante casi dos días. Sin embargo, las labores se vieron gravemente obstaculizadas por comerciantes informales que bloquearon accesos intentando proteger su mercancía o refugiándose dentro de los locales, lo que terminó costándoles la vida.
Cifras que duelen
Aunque el balance oficial habló inicialmente de 277 fallecidos, años después las propias autoridades reconocieron que la cifra real superaría las 400 víctimas, muchas de ellas nunca identificadas. Además:
Cerca de 250 personas resultaron heridas, varias con quemaduras severas y lesiones permanentes.
189 personas fueron reportadas como desaparecidas, entre ellas 28 niños.
73 menores quedaron en situación de orfandad.
Al menos 18 bomberos resultaron heridos durante las labores de rescate.
Los restos de 83 víctimas no identificadas fueron enterrados como “NN” en el cementerio El Ángel, donde hoy reposan bajo códigos anónimos como “NN 4585-01”. Allí, familiares y ciudadanos aún dejan flores en señal de duelo y memoria.
Duelo nacional y promesas incumplidas
El entonces presidente Alejandro Toledo decretó dos días de duelo nacional y acudió de madrugada a la zona del desastre tras interrumpir sus vacaciones. Su gobierno anunció la prohibición de la fabricación y comercialización de pirotecnia en todo el país, medida que marcó un antes y un después en la regulación de estos productos.
Sin embargo, para los familiares de las víctimas, las respuestas del Estado fueron insuficientes. La identificación de cuerpos tomó hasta un año y ocho meses, mediante pruebas de ADN y registros dentales. Muchos casos jamás pudieron cerrarse.
Una lucha de más de dos décadas por justicia
La tragedia derivó en largos procesos judiciales. Según el abogado de las familias, Félix Horna, los verdaderos responsables nunca enfrentaron plenamente la justicia. Señaló directamente a la Municipalidad de Lima, el Ministerio del Interior y al empresario Ricardo Wong, a quien se atribuye haber autorizado el almacenamiento masivo de pirotecnia en la zona.
Aunque dos procesos penales concluyeron con órdenes de reparación civil —200 mil soles por cada fallecido y 30 mil por cada herido—, los deudos aseguran que dichas compensaciones no se cumplieron de forma efectiva.
En 2010, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde las familias denunciaron al Estado peruano por violar derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el debido proceso. La CIDH admitió la demanda nueve años después, prolongando aún más la espera por justicia.
Terrenos, promesas y nuevos conflictos
Tras el desastre, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales autorizó la cesión de terrenos para ayudar a los deudos a rehacer su sustento. Sin embargo, la entrega efectiva se retrasó y generó nuevos conflictos. La Asociación de Deudos, presidida por Rubén Pajua Huaccachi, ocupó durante más de 20 años un predio entre los jirones Miró Quesada y Andahuaylas.
Aunque lograron que el Ministerio de Cultura cambiara la categoría de monumento histórico a zonificación comercial, solo obtuvieron derecho de ocupación, no propiedad. Hoy denuncian intentos de desalojo por parte de Bienes Nacionales y la Municipalidad de Lima.
Una tragedia que aún arde en la memoria
A más de dos décadas del incendio, Mesa Redonda sigue siendo símbolo de negligencia, impunidad y dolor colectivo. Las cicatrices físicas y emocionales permanecen en sobrevivientes y familiares que aún reclaman verdad, justicia y reparación.
