CDP Sánchez Ramírez propone mesa técnica para evaluar protocolos mineros y su impacto ambiental
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) solicitó a las autoridades y a las empresas mineras de la zona una revisión de los protocolos de remediación ambiental. La petición se fundamenta en la neces...
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) solicitó a las autoridades y a las empresas mineras de la zona una revisión de los protocolos de remediación ambiental. La petición se fundamenta en la necesidad de analizar el impacto de estas actividades en el entorno de la Presa de Hatillo.
Origen de la solicitud
El gremio basó su pronunciamiento en una reciente investigación de la periodista Nairovi Viloria, la cual incluye análisis técnicos que sugieren posibles riesgos para el ecosistema y la salud de las comunidades aledañas. El CDP respaldó la labor investigativa como un ejercicio de derecho a la información, instando a que los hallazgos sean verificados de manera oficial.
Propuesta de diálogo institucional
Para abordar la problemática, el gremio propuso la creación de una mesa técnica de evaluación que garantice la transparencia en el proceso. Los sectores invitados a integrar este espacio serían:
Sector Académico: Representantes de la Universidad UTECO y la UASD.
Sector Gubernamental: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sociedad Civil y Comercial: Cámara de Comercio y Producción, Concejo de Desarrollo Ecoturístico y especialistas ambientales independientes.
Gremio Periodístico: Como veedores del proceso informativo.
Objetivos de la iniciativa
La propuesta busca alcanzar tres puntos fundamentales:
Evaluación transparente: Analizar los hallazgos técnicos presentados en los medios de comunicación.
Revisión de protocolos: Auditar las medidas de remediación ambiental que aplican actualmente las empresas mineras.
Sostenibilidad: Establecer un equilibrio entre la actividad económica de la provincia y la protección de los recursos naturales y la salud pública.
El CDP concluyó señalando que el diálogo responsable y la participación ciudadana son herramientas esenciales para fortalecer la confianza pública y asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales vigentes.
