Informe denuncia posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador bajo régimen de excepción
En el marco del régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, con el respaldo del Congreso dominado por el partido gobernante Nuevas...
En el marco del régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, con el respaldo del Congreso dominado por el partido gobernante Nuevas Ideas, se habrían cometido violaciones a derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, según un informe divulgado este martes.
El documento fue presentado en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala y elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
Según el informe, existen bases razonables para creer que, bajo el régimen de excepción, se cometen crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Además, los casos documentados señalan la existencia de una política de actuación policial y militar conocida y promovida incluso por los más altos mandos del gobierno de Bukele.
Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) de Washington (EE. UU.), destacó que “El Salvador ha sido presentado como un ejemplo de éxito en la reducción de la criminalidad, pero víctimas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas han sufrido los altos costos de este éxito”. Añadió que detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso y tortura se han convertido en prácticas sistemáticas, y que muchos salvadoreños ahora temen al propio Estado.
Crímenes contra la población
En un comunicado de DPLF, la experta Susana SáCouto señaló que los hechos documentados apuntan a crímenes internacionales contra la población civil, incluyendo encarcelamiento ilegal, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución, afectando incluso a niños y adolescentes.
Hasta agosto de 2025, se registraron 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos cuatro niños, y hasta febrero de 2025 se contabilizaron 540 casos de desaparición forzada.
GIPES recomendó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree una misión internacional para la determinación de hechos violatorios de derechos humanos y asegurar rendición de cuentas y justicia.
El informe cuenta con el respaldo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), InterJust, el Proyecto de Investigación IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto de la Universidad Ghent (Bélgica).
