Raquel Peña pide al PRM expulsar a regidor de San Cristóbal acusado de abuso contra su nieta
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, solicitó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) la expulsión del regidor de San Cristóbal, Ángel María Álvarez Peguero, quien enfrenta una acusación de...
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, solicitó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) la expulsión del regidor de San Cristóbal, Ángel María Álvarez Peguero, quien enfrenta una acusación de presunta agresión sexual contra su nieta durante varios años.
Peña se pronunció sobre el caso al considerar que se trata de una situación grave, especialmente por involucrar a un funcionario electo perteneciente al partido oficialista. La denuncia fue presentada por la madre de la menor, quien decidió acudir ante las autoridades luego de que la niña fuera sometida a evaluaciones médicas que habrían confirmado indicios de abuso.
La vicepresidenta calificó el hecho como inaceptable y sostuvo que, en situaciones de este tipo, las autoridades deben actuar con firmeza para garantizar la protección de los menores de edad y la aplicación de la ley.
En la misma línea, la diputada por Santiago, Soraya Suárez, quien preside la Comisión Permanente de Familia de la Cámara de Diputados, también pidió a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno que proceda con la expulsión inmediata del regidor, señalado por la presunta agresión contra su propia nieta.
Reacción ante otro caso de maltrato infantil
Durante sus declaraciones, Raquel Peña también reaccionó a otro hecho que ha generado indignación pública: el caso de una maestra acusada de maltrato infantil en un centro educativo de Santo Domingo Este, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que presuntamente obliga a una niña a ingerir alimentos que había expulsado de su estómago.
La vicepresidenta sostuvo que este tipo de conductas contra menores son totalmente inaceptables y reiteró que en ambos casos se debe aplicar todo el peso de la ley contra los responsables.
Las autoridades continúan investigando las denuncias mientras los casos han generado un amplio debate en la opinión pública sobre la protección de los derechos de la niñez y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a este tipo de acusaciones.
